El Senado de Brasil abrió este martes la discusión del Proyecto de Ley 2.159, un paquete de medidas que modifica las reglas de licenciamiento ambiental para proyectos de infraestructura y actividades productivas.

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La iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputados, representa uno de los mayores retrocesos en materia de protección ambiental.

La propuesta elimina la exigencia de licencias ambientales para pequeños y medianos empresarios, considerados como potenciales contaminantes, y transfiere a las empresas la responsabilidad de autoevaluar los impactos de sus proyectos mediante declaraciones juradas sin supervisión estatal rigurosa.

El texto legal reduce drásticamente los requisitos para obtener permisos ambientales. Actividades agropecuarias y ganaderas quedarán exentas de presentar licencias, mientras que los estudios de impacto ambiental ya no deberán considerar efectos indirectos como deforestación o desplazamiento de comunidades. Tampoco se requerirá consulta a organismos ambientales para proyectos en áreas protegidas.

Organizaciones como el Instituto Socioambiental (ISA) denuncian que la norma dejaría sin protección efectiva a 259 tierras indígenas y más de 1.500 territorios quilombolas. «Estos territorios, a efectos de licenciamiento, simplemente dejarán de existir», advierten expertos.

En tanto, Suely Araújo del Observatorio del Clima alerta que el nuevo sistema permitirá obtener licencias «con solo pulsar un botón», lo que aumentaría los riesgos de contaminación y deforestación.

Investigadores estiman que 18 millones de hectáreas de bosque amazónico podrían quedar desprotegidas, un área equivalente al territorio de Paraná.

La propuesta establece que las autoridades encargadas de proteger a los pueblos indígenas, como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), no tendrán poder de decisión en los procesos de licenciamiento ambiental.

De acuerdo con el ISA, esta medida «institucionaliza el racismo ambiental», al eliminar mecanismos de protección para comunidades tradicionales.

Alice Dandara de Assis Correia, abogada de la entidad, advierte que el proyecto debilita gravemente la capacidad del Estado para fiscalizar y evaluar impactos socioambientales al crear vacíos legales y reducir los sistemas de inspección, el texto deja desprotegidos tanto los ecosistemas como las poblaciones más vulnerables frente a proyectos económicos destructivos.

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